El 30% del territorio español concentra el 90% de la población
Más
de 42 millones de personas viven en Madrid y en el litoral español. El resto,
4,6 millones, habita en el 70% restante en el interior de la Península
UNA POBLACIÓN DISPERSA
Y ENVEJECIDA
- Más de 42 millones de habitantes se concentran en
1.500 municipios en una extensión que equivale al 30% superficie del país.
Otros 4,6 millones se reparten por el 70% del territorio.
- El 60% de los municipios (4.800 de más de 8.100)
tienen una proporción de dos mayores de 65 años por un menor de 15.
- En más de 1.000 localidades no hay menores de cinco
años. En casi 400 no hay jóvenes de menos de 15 años.
El Gobierno ha puesto en marcha informes
estadísticos para aprobar antes de la próxima primavera una estrategia nacional frente al reto demográfico. Uno de
los factores que más preocupan al Ejecutivo es la acusada despoblación en las autonomías del interior de la Península,
con solo 4,6 millones de ciudadanos ocupando lo que equivale al 70% del
territorio. Por contra, el 90% de los españoles se concentran en el litoral y
Madrid. Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y
Aragón, con gobiernos del PSOE y del PP, reclaman que el futuro sistema de
financiación tenga en cuenta ese formidable desequilibrio.
La concentración de población en el
litoral y Madrid y la despoblación en las comunidades del interior están ahí
desde hace décadas, pero el problema se ha acelerado en los últimos años. El
Ejecutivo ha encargado un informe que refleja ese desequilibrio en el mapa
demográfico español, que tendrá efectos inmediatos en uno de los debates
políticos fundamentales en los próximos tiempos: la financiación autonómica.
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| Municipios (en verde) que concentran el 90% de la población española |
La dispersión aparece ya entre las variables de reparto de la financiación
autonómica, pero las comunidades en las que ese problema es mayor, las de la
llamada España
vacía, se están coordinando y reclaman un mayor peso
de ese criterio debido al creciente coste de servicios públicos como
la sanidad y dependencia por el progresivo envejecimiento de la población.
Los más de 42
millones de españoles que viven en 1.500 municipios —de los más de 8.100 que se
reparten por el país— partirían con ventaja frente al éxodo rural en las 5.032
localidades que han perdido población en la última década, según los datos del
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. La Moncloa ha recogido el
guante y ultima un diagnóstico; el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió en la Conferencia de
Presidentes de 2017 a tener lista una estrategia en enero de 2018. El
Gobierno actual también ha puesto en marcha los primeros gestos: el Consejo de
Ministros aprobó ayer una partida de 80 millones para políticas de empleo de
jóvenes en poblaciones de hasta 10.000 habitantes.
La magnitud del desequilibrio
demográfico tiene notables consecuencias políticas. La ministra de Política
Territorial, Meritxell Batet, lanzó el pasado 27 de septiembre una señal de alarma en
una reunión con representantes de todas las comunidades autónomas en la que
advirtió de la necesidad de restablecer “un equilibrio en la garantía de la
igualdad de oportunidades, de desarrollo vital para todos los ciudadanos, con independencia
de donde vivan”.
Ese encuentro entre Batet y las
Administraciones autonómica y local se interpreta como el primer paso de un
pacto de Estado que integre a las comunidades y ayuntamientos para combatir la
despoblación y sus efectos colaterales. Tener en cuenta estos elementos en el
futuro modelo de financiación autonómica, obsoleto desde 2014, se ha convertido
en una reivindicación transversal para las regiones del interior. La comisionada frente al Reto Demográfico,
Isaura Leal, recalca que ninguna autonomía está
libre de las fluctuaciones demográficas. “Los efectos de la población flotante
son evidentes en las zonas de costa por el turismo y en las agrícolas por la
temporalidad”, explica Leal, que destaca su repercusión en la “sobreexplotación
y la rebaja de la calidad de los recursos públicos”.
Pero es la pérdida de habitantes en el
interior de España la que ha forjado un grupo de presión que trasciende a los
partidos políticos. El mejor exponente se produjo a mediados del mes pasado en
Zaragoza: seis presidentes autonómicos —tres
del PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón) y tres del PP (Castilla y
León, Galicia y La Rioja)— coincidieron en que se tenga en cuenta el coste
efectivo de los servicios esenciales. Entre las seis comunidades perdieron
170.000 habitantes en los últimos 10 años, que coinciden con la última gran
recesión.
La comisionada frente al Reto
Demográfico también incide en cómo los sobrecostes por la baja densidad de
población —hay zonas con una densidad media de 14 habitantes por kilómetro
cuadrado—, la dispersión o la estacionalidad demográfica “introducen variables
para su incorporación en la financiación autonómica y local”. “El problema es
que la población del interior está más dispersa: el coste por la atención de
los servicios es mayor que en el caso de una población más concentrada”,
explica Luis Camarero, profesor de Sociología de la UNED. “Con ese
desequilibrio estructural hay que tener en cuenta factores como el de la población,
sobre todo si queremos una calidad similar en la prestación de servicios”,
añade.
Artículo diario "El País". 6/10/2018
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